La existencia de la Ley de Segunda Oportunidad para particulares supone un bote salvavidas para personas endeudadas que no pueden afrontar enormes cantidades a devolver.

En este marco, los afectados pueden llegar a un acuerdo de exoneración del pasivo insatisfecho; es decir, la cancelación total de la deuda acumulada. Así pues, la Segunda Oportunidad pretende evitar la quiebra económica de los particulares, y erradicar situaciones de exclusión social. Se trata de canalizar el derecho a volver a empezar, que ostenta cualquier ciudadano víctima de situaciones laborales adversas, engaños o crisis económicas.

Este marco jurídico se encuentra regulado por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, y entró en vigor el 30 de julio de 2015.

Exposición de motivos del Real Decreto-ley 25/2015

“En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo”.

El procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad para particulares 

  • En primera instancia, es obligatorio rellenar un modelo de solicitud en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos y se aporte la documentación personal.
  • Este modelo se presentará ante notario, y un mediador concursal se encargará de las gestiones pertinentes.
  • Se lleva a cabo el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP), que es un proceso de negociación orientado a reestructurar la cantidad a devolver, facilitando el pago.
  • En el caso de no conseguir un acuerdo en firme, el mediador iniciará la apertura del concurso consecutivo. Paralelamente se registrará el patrimonio del afectado, y se hará una recapitulación de sus obligaciones. A partir de aquí el juez determinará:
  • La liquidación de todo el patrimonio exceptuando los bienes protegidos.
  • La aplicación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), para afrontar las deudas que no han podido ser satisfechas con la liquidación del patrimonio. Este fallo puede ser parcial o total.

¿Qué bienes se pueden mantener?

Se podrá mantener la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sea manifiestamente desproporcionado respecto a su previsible valor venal.

  • El salario. No supone ningún inconveniente que el implicado continúe trabajando. El salario mínimo interprofesional no se puede embargar, pudiendo disponer de él libremente.
  • Los planes de pensiones. Este tipo de productos quedan liberados y no es necesaria su liquidación en el proceso de cancelación de deudas.
  • La vivienda habitual. No hay que liquidar la vivienda siempre y cuando exista una hipoteca que supere el valor de la misma. Es decir, se podrá preservar porque con su venta no se consigue completar la deuda hipotecaria y tampoco se genera un excedente para destinar a los acreedores. Si no se cumple con este condicionante el deudor podrá solicitar un alquiler social.

Requisitos que debe demostrar el particular

  1. Que no se haya mentido sobre la situación económica, ocultando información y datos relevantes.
  2. No disponer de antecedentes penales en los 10 años anteriores, vinculados especialmente a delitos patrimoniales y de falsedad documental. El solicitante debe disponer de un historial que acredite su fiabilidad.
  3. Que se haya intentado llegar a un acuerdo en un marco extrajudicial, a fin de lograr un consenso con las partes implicadas.
  4. No haber obtenido el beneficio de exoneración en la última década. No se admite una segunda oportunidad cuando un caso es demasiado reciente en el tiempo.
  5. No haber rechazado una oferta de empleo acorde con las capacidades del implicado, que habría sido la herramienta para abordar las obligaciones económicas.
  6. Aceptar ser incluido en el Registro Público Concursal, de manera que se pueda conocer cuál es la situación real en todo momento.
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Ventajas de La Ley de Segunda Oportunidad para particulares

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que beneficia enormemente a los particulares que se encuentren endeudados.

Algunas de sus principales ventajas son:

  • La reestructuración de la deuda. Mediante el acuerdo extrajudicial, pueden fijarse condiciones llevaderas y fáciles de asimilar. Esto aumenta exponencialmente el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
  • Se anulan las ejecuciones y embargos, lo que brinda una mayor tranquilidad a aquellos inquilinos que viven con la incertidumbre de acabar en la calle. Como dijimos, una de las metas de esta ley es evitar situaciones de exclusión social, y esto pasa necesariamente por preservar el derecho a la vivienda.
  • Exoneración total de la deuda (bajo ciertas condiciones). Una vez demostrado que no se puede pagar de ningún modo y que se actúa de buena fe.

Soluciona Mi Deuda es un bufete madrileño experto en el tratamiento de la Ley de la Segunda Oportunidad para particulares. Analizamos cada caso al detalle y lo llevamos a buen puerto. Lo más importante a la hora de elegir un profesional para liquidar las deudas es que te ofrezca diferentes opciones para elegir la que mejor se adapte a ti.

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