Según el Código Penal español, existen varios tipos de delitos que violan los derechos de los trabajadores. Desde la imposición de condiciones ilegales en el trabajo hasta la discriminación laboral, entre algunos otros, estos delitos afectan de manera desproporcionada a los empleados que se encuentran en desventaja en comparación con sus empleadores.
En España, existen leyes y regulaciones específicas para proteger a los trabajadores de este tipo de maltrato. En este artículo, explicaremos los diferentes delitos contra los trabajadores y las consecuencias que acarrean para los autónomos, sobre todo, cuando necesitan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad para resolver una situación de insolvencia. ¡Quédate leyendo y entérate de toda la información!
En esta guía conocerás los errores comunes a evitar antes de acogerte a la LSO y cancelar tus deudas.
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¿Qué son los delitos contra los derechos de los trabajadores?
Los delitos contra los derechos de los trabajadores son acciones u omisiones ilícitas que vulneran los derechos laborales y las condiciones justas de empleo. Estos delitos pueden tener diversas manifestaciones y afectar a los trabajadores de diferentes maneras. Estos delitos incluyen:
- Explotación laboral: Se refiere a situaciones en las que los empleadores restringen, suprimen o vulneran los derechos colectivos fijados en leyes, estatutos y convenios, imponiendo condiciones laborales ilegales mediante violencia o intimidación.
- Discriminación laboral: Ocurre cuando se discrimina a los trabajadores en función de características como género, raza, religión, orientación sexual, discapacidad u otras condiciones protegidas por la ley.
- No dar de alta en la Seguridad Social a un trabajador o emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo.
- No cumplir con las normativas relativas a seguridad e higiene en el trabajo: incluye la omisión o realización de acciones que ponen en riesgo la integridad o la vida de los trabajadores, pudiendo causar un accidente laboral o enfermedad profesional, cuando el empresario incumple con la normativa de prevención laboral y/o no proporciona a los trabajadores los elementos necesarios para la higiene y seguridad en el ambiente de trabajo.
Como empresario o autónomo es importante conocer cuáles son estos delitos para evitar incurrir en ellos con el fin de no tener que asumir las penas que corresponden según la gravedad de los mismos.
Además, puede incluir otras consecuencias. Por ejemplo, a la hora de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en caso de tener deudas. Y es que, según se recoge en el artículo 487 de la Ley Concursal, no obtendrá la exoneración el que, en los diez años anteriores a la solicitud de concurso, hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, aun suspendidas o sustituidas, por delitos contra los derechos de los trabajadores, siempre que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años, salvo que en la fecha de presentación se hubiera extinguido la responsabilidad criminal y satisfecho las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito.
Ejemplos de delitos contra los derechos de los trabajadores
Ahora que conoces la definición de este tipo de delitos, te presentamos algunos ejemplos de delitos contra los derechos de los trabajadores para que puedas comprender cómo se incurre en ellos en algunas situaciones concretas:
- Un empleador que decide no contratar a un candidato debido a su género, a pesar de su idoneidad para el puesto.
- Trato desigual o discriminación hacia un empleado debido a su orientación sexual, religión, raza o cualquier otra característica protegida.
- Obligar a los empleados a trabajar horas extraordinarias sin compensación.
- Ignorar las normas de seguridad en el lugar de trabajo, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Emplear a trabajadores que no tienen la autorización legal para trabajar en el país.
- Engañar a personas vulnerables para que emigren con la promesa de empleo, solo para explotarlas una vez llegadas al destino.
- Forzar mediante violencia o intimidación a individuos a trabajar en condiciones inhumanas mediante amenazas o coerción.
- Agencias de reclutamiento que hacen promesas falsas a trabajadores sobre salarios, condiciones de trabajo o beneficios para atraerlos a trabajar en el extranjero.
- Presentar información engañosa sobre oportunidades laborales en el extranjero para inducir a personas a migrar con expectativas falsas.
Estos ejemplos ilustran cómo los derechos fundamentales de los trabajadores pueden ser violados en diversas formas, y cómo estas prácticas ilegales pueden tener consecuencias tanto legales como éticas. Es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y que las autoridades correspondientes apliquen medidas para prevenir y sancionar estos delitos.
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¿Cómo protege la ley a los trabajadores en situaciones de despido injustificado?
Aunque los despidos injustificados no implican un delito contra los derechos de los trabajadores, quizás puede interesarte saber que en España, la legislación laboral establece una serie de derechos y protecciones para los trabajadores en casos de despido injustificado. Algunas de las principales normativas que abordan esta cuestión son el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Para empezar, en España, se distingue entre el despido procedente, improcedente y nulo. Un despido se considera improcedente cuando el empresario no ha notificado por escrito al trabajador en el plazo establecido en cada caso; cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical y no hubieran sido oídos los restantes miembros de la representación; si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y no hubiera dado audiencia a los delegados sindicales; o cuando quede acreditado que no se ha producido el incumplimiento alegado por el empresario para el despido.
El despido es nulo cuando tenga por móvil alguna causa de discriminación prohibida en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora. También, cuando:
- Se notifique la decisión de despido durante los períodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, disfrute del permiso de maternidad o paternidad o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural.
- Para las personas embarazadas, desde el inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión.
- Para las personas que estén disfrutando de ciertos permisos, excedencias.
- Trabajadoras víctimas de violencia de género.
Por otro lado, un despido se considera nulo en casos específicos, como discriminación por motivos de género, religión, orientación sexual, etc. En casos de despido nulo, se readmitirá de forma inmediata al trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.
El trabajador tiene la posibilidad de impugnar el despido injustificado, primero tienen que reclamar mediante papeleta de conciliación presentada ante el centro de mediación, arbitraje y conciliación de la comunidad autónoma que sea competente, en el plazo de 20 días hábiles desde el despido. Si intentada la conciliación, no resulta satisfactoria, por no haber comparecido el empleador o por no haber llegado a acuerdo, se presenta la demanda ante el Juzgado de lo Social, por el tiempo que reste.
En caso de despido improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. En el caso de optar por la readmisión el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación.
La carga de la prueba recae en el empresario para demostrar la procedencia del despido. Si el empresario no puede justificar de manera adecuada la decisión de despedir al trabajador, el despido se considerará improcedente.
Es importante destacar que las normativas laborales pueden cambiar, y siempre es aconsejable consultar la legislación más reciente o buscar asesoramiento legal para obtener información actualizada sobre los derechos de los trabajadores en situaciones de despido injustificado en España.
¿Cómo actuar ante delitos contra los derechos de los trabajadores?
Frente a delitos contra los derechos de los trabajadores, es esencial seguir un protocolo adecuado para salvaguardar los derechos de los afectados y buscar la justicia correspondiente.
En primer lugar, se debe recopilar meticulosamente cualquier evidencia relevante, desde documentación contractual hasta correos electrónicos, y se deben identificar testigos clave. Posteriormente, se aconseja buscar asesoramiento legal de un abogado especializado en derecho laboral, quien podrá orientar sobre la mejor estrategia a seguir y evaluar la solidez del caso. Además, se puede presentar una denuncia interna en los departamentos de recursos humanos o cumplimiento normativo de la empresa, y, si es necesario, recurrir a instancias externas como la Inspección de Trabajo. En última instancia, la opción de iniciar una reclamación judicial ante un Juzgado de Instrucción podría ser considerada, con la posibilidad de recurrir a medios de comunicación, redes sociales o servicios de mediación como herramientas complementarias.
Es esencial destacar que los procedimientos y derechos pueden variar según la jurisdicción, por lo que se recomienda buscar asesoramiento legal local para obtener información específica y actualizada sobre cómo abordar situaciones de este tipo.
En definitiva, cometer estos y otros tipos de delitos puede perjudicarnos gravemente. En el caso de ser autónomo, podrás poner en riesgo tu negocio. Además, como te anticipamos anteriormente, podrías dejar de acceder a mecanismos como el de la Ley de la Segunda Oportunidad para cancelar deudas que pudieras tener.
En caso de pasar por una mala racha financiera, en Soluciona Mi Deuda te podemos ayudar a acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos, entre los que se encuentran no haber incurrido en delitos contra los derechos de los trabajadores según queda establecido en el artículo 487 de la Ley Concursal.
Disponemos de un equipo de abogados especializados en este procedimiento, respaldado por una alta tasa de éxito en ayudar a particulares y autónomos para la cancelación de sus deudas. Si te encuentras en esa situación, estamos aquí para brindarte nuestra ayuda.
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Preguntas frecuentes sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores
¿Un abogado me puede ayudar con la narrativa de los hechos?
Sí, un abogado puede ayudarte significativamente en la construcción y presentación de la narrativa de los hechos en el contexto de un caso legal. La narrativa de los hechos es crucial para presentar una versión coherente y persuasiva de la situación en cuestión. Algunas formas en las que un abogado puede asistirte con la narrativa incluyen:
- Entendimiento legal: Un abogado posee un conocimiento profundo de las leyes y regulaciones relevantes, lo que le permite entender qué aspectos de los hechos son más relevantes desde el punto de vista legal.
- Evaluación de pruebas: El abogado puede ayudarte a recopilar y evaluar las pruebas disponibles para respaldar tu caso. Esto puede incluir documentos, testimonios, registros, fotografías u otros elementos que fortalezcan la narrativa.
- Construcción de argumentos legales: Basándose en los hechos, un abogado puede desarrollar argumentos legales sólidos que respalden tus reclamaciones o defensas. Esto implica relacionar los hechos con las leyes aplicables de manera convincente.
- Redacción de documentos legales: Un abogado puede redactar documentos legales, como demandas, contestaciones, escritos judiciales y otros documentos, utilizando una narrativa coherente y persuasiva.
- Presentación oral: En casos en los que sea necesario, un abogado puede prepararte para presentaciones orales, como comparecencias judiciales o audiencias, ayudándote a comunicar efectivamente la narrativa de los hechos ante un tribunal.
- Negociación: En situaciones de resolución extrajudicial, un abogado puede utilizar una narrativa clara y fundamentada para negociar en tu nombre, buscando soluciones que sean favorables a tus intereses.
La asistencia de un abogado es valiosa no solo por su conocimiento legal, sino también por su habilidad para estructurar y comunicar de manera efectiva la narrativa de los hechos dentro del marco legal correspondiente.
- Administradora Concursal y abogada en ejercicio desde el año 2013.
- Licenciada en derecho por la Universidad de Sevilla.
- Número de colegiado: 14963.
- Especializada en la resolución de situaciones financieras complejas.
- Posee una Especialización en Administración Concursal y es experta en la Ley de Segunda Oportunidad desde 2015.
- Se encuentra inscrita como Mediadora en el Ministerio de Justicia.
