¿Cómo proteger tu patrimonio siendo autónomo? 

Proteger tu patrimonio como autónomo es fundamental porque a diferencia de una empresa, en muchos casos respondes con tus bienes personales si el negocio genera deudas. Esto significa que si la situación se complica, podrían verse afectados tus ahorros, tu coche o incluso tu vivienda. 

Por eso es importante tomar medidas que reduzcan este riesgo desde el principio. 

Crear una Sociedad Limitada 

Una de las opciones más habituales para evitar riesgos es crear una Sociedad Limitada, ya que permite separar el negocio de tu patrimonio personal. 

Seguro de responsabilidad civil 

Este seguro se encarga de cubrir posibles reclamaciones de clientes o terceros.

Separación de bienes 

En el ámbito personal si estás casado, puedes optar por un régimen de separación de bienes para evitar que las deudas del negocio afecten a tu pareja. 

En casos más avanzados, algunos autónomos optan por estructurar su actividad y sus bienes en distintas sociedades para añadir una capa extra de protección. Además, evitar mezclar gastos personales y del negocio, no concentrar todos los riesgos en una sola actividad y contar con asesoramiento profesional son decisiones que pueden ayudarte a proteger tu empresa.

¿Qué requisitos se deben cumplir este año para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad, aprobada en 2015 y reformada en 2022, permite cancelar deudas cuando una persona se encuentra en situación de insolvencia real. Para acogerse este mecanismo en 2026, deben cumplirse varios requisitos:

No poder pagar las deudas

Debe existir una imposibilidad real de hacer frente a los pagos, tanto ahora como en un futuro cercano. No se trata de deber mucho dinero, sino de que la carga económica sea inasumible sin comprometer los gastos básicos. 

Actuar con buena fe

La persona debe haber intentado cumplir sus obligaciones y no haber ocultado patrimonio ni información relevante. 

No tener condenas por delitos económicos graves 

Quedan excluidos quienes hayan sido condenados por fraude, blanqueo de capitales, falsedad documental o delitos contra Hacienda o la Seguridad Social. 

No haberse acogido recientemente a la Ley de Segunda Oportunidad 

La ley solo puede utilizarse una vez cada diez años. Está diseñada como una segunda oportunidad real, no como una solución recurrente. 

Cuidado con las “Trampas” del asesoramiento (Malas prácticas) 

Hasta ahora hemos visto que las limitaciones legales no son una trampa en la Ley de Segunda Oportunidad, sino parte natural del proceso. El verdadero riesgo suele aparecer fuera del juzgado en el asesoramiento inadecuado. La desinformación, las promesas irreales y la falta de ética son responsables de buena parte de los problemas que viven los usuarios. Aquí es donde aparecen las trampas reales, las malas prácticas.

Estas situaciones no tienen que ver con la norma, sino con profesionales que se apoyan en la falta de información para atraer clientes. Y sí, algunas rozan claramente las estafas de abogados en la Ley de Segunda Oportunidad. Conocerlas a tiempo te evitará decisiones que pueden salir muy caras.

Trampa del 100% de éxito: Ningún proceso legal lo garantiza 

Uno de los mayores riesgos de la Ley de Segunda Oportunidad es creer que el resultado está garantizado. Nadie, ni un abogado, ni un asesor, ni un despacho jurídico, puede prometer un 100% de éxito, porque cada caso depende de requisitos legales, pruebas, documentación y del propio juzgado.

Cuando alguien te asegura resultados garantizados, es una señal clara de alarma. La transparencia siempre va por delante de las promesas.

Trampa de la vivienda: Prometer que se conserva la casa cuando debe liquidarse 

Otra mala práctica habitual es prometer que conservarás sí o sí tu casa, incluso en situaciones en las que la ley exige liquidarla. Esto genera expectativas irreales y puede crear conflictos cuando el usuario descubre la realidad a mitad del proceso.

Solo un estudio riguroso permite saber si la vivienda puede conservarse o no. Todo lo demás son promesas vacías que ponen al cliente en riesgo.

Trampa del avalista: No informar que la deuda pasa al avalista 

Una de las confusiones más frecuentes aparece cuando hay avalistas. No informar de que la deuda puede trasladarse al avalista es una de las trampas más graves, porque afecta a terceras personas que no están participando en el procedimiento.

Entender cómo funciona la responsabilidad del aval es muy importante, puesto que protege tu proceso y evita conflictos familiares o personales.

Trampa de los costes ocultos: Tarifas iniciales muy bajas que se disparan durante el proceso 

También es importante desconfiar de los precios sospechosamente bajos. Muchos usuarios comienzan con tarifas mínimas que luego se disparan con suplementos, gestiones extra o servicios obligatorios que no estaban explicados desde el inicio.

Un presupuesto claro evita sustos y te protege durante todo el proceso. La transparencia económica es tan importante como la jurídica.

¿Qué deudas no se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad?

Ya hemos visto las deudas que están incluidas en la Ley de Segunda Oportunidad, a continuación vamos a explicar qué deudas no se pueden incluir en la Segunda Oportunidad. 

Deudas por responsabilidad civil fuera de contratos

Son las deudas que surgen por causar un daño a otra persona (por ejemplo, un accidente) y que obligan a pagar una indemnización. Esto incluye casos de muerte, daños personales o indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin importar cuándo se declaró la obligación de pagar.

Deudas por responsabilidad civil derivada de delito

Se trata de deudas que nacen cuando una persona comete un delito y un juez la condena a pagar una indemnización.

Deudas por alimentos

Son las deudas relacionadas con pensiones de alimentos (como las pensiones para hijos u otros familiares).

Deudas por salarios pendientes

Incluye los sueldos que se deben a un trabajador por los últimos 60 días de trabajo antes de la declaración de concurso (quiebra), siempre que no superen el triple del salario mínimo interprofesional. También abarca los salarios devengados durante el procedimiento, si no han sido pagados por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Deudas por multas y sanciones graves

Incluye las multas impuestas en procesos penales y las sanciones administrativas muy graves.

Deudas por costas y gastos judiciales

Son las deudas que se generan por los gastos judiciales al solicitar la exoneración de deudas (los gastos del proceso).

Deudas con garantía real

Se refiere a las deudas que tienen algún bien como garantía (por ejemplo, una hipoteca), ya sea por el capital, intereses u otros conceptos, dentro de los límites que marca la ley.

¿Cómo cerrar una empresa con deudas? 

Es importante tener en cuenta que cerrar una empresa con deudas no las elimina automáticamente, por lo tanto no se puede cerrar una empresa sin pagar deudas. Si no se gestionan correctamente, los acreedores podrían reclamar el pago al empresario y a su patrimonio personal. 

Por eso, antes de tomar cualquier decisión, es fundamental analizar bien la situación y conocer las alternativas disponibles. 

Cuando se ha analizado la situación y no existen opciones viables de continuidad, llega el momento de valorar cómo cerrar una empresa de forma ordenada y legal, teniendo en cuenta si existen o no deudas pendientes. 

Liquidación ordenada 

La liquidación ordenada se da cuando no hay deudas importantes. Si la empresa no tiene pasivos o puede hacer frente a ellos, puede cerrarse sin necesidad de acudir a los tribunales. Se trata de pagar todo lo que se debe y, una vez saldadas las cuentas, presentar la baja en los registros correspondientes. 

En el caso de sociedades, hay que llevar a cabo el proceso de disolución, liquidación y extinción de forma oficial, generalmente ante notario y con la aprobación de la Junta de socios o accionistas. 

El principal inconveniente es que el empresario debe contar con recursos suficientes para pagar todas las deudas pendientes antes de cerrar, algo que no siempre es posible.

Concurso de acreedores 

Si la empresa está en situación de insolvencia y ninguna de las vías anteriores es viable, el concurso de acreedores voluntario es la única vía legal para cerrar una empresa con deudas. 

Este procedimiento judicial permite gestionar el cierre del negocio de forma ordenada, con el objetivo de que los acreedores cobren lo posible y, si es factible, intentar que la empresa siga funcionando.

En este proceso:

• Se requiere la asistencia de abogado y procurador.
• Se suspenden los pagos y embargos mientras dura el proceso.
• Se puede negociar con los acreedores quitas (reducción de deuda) o esperas (aplazamientos).
• La empresa debe justificar su situación de insolvencia, presentar documentación y cumplir con obligaciones fiscales y contables. 

El concurso debe solicitarse en cuanto se tiene constancia de la insolvencia, ya que no hacerlo puede acarrear consecuencias legales, como que el procedimiento se considere culpable, lo que puede afectar directamente al empresario.

Cerrar una empresa sin pagar deudas no es una decisión sencilla ni un proceso automático. Existen diferentes vías y herramientas legales que deben valorarse cuidadosamente, siempre con el apoyo de abogados expertos en insolvencias y reestructuraciones.

Una buena decisión a tiempo puede evitar problemas mayores y, en algunos casos, incluso permitir que la empresa se recupere.

Fases del concurso acreedores microempresas 

¡Veamos las fases del concurso acreedores microempresas! 

Fase previa

El proceso comienza con una fase previa en la que se comunica la apertura de negociaciones. Esta fase tiene un plazo máximo de 3 meses, sin posibilidad de prórroga durante los cuáles se elabora un plan de actuación. 

Durante estos 3 meses, las ejecuciones judiciales se paralizan, excepto las que correspondan a acreedores públicos, que continúan su curso normalmente.

En este tiempo, se debe presentar un formulario estándar, y una vez finalizado el plazo, hay 5 días para solicitar la apertura del procedimiento microempresas especial. 

El deudor también puede optar por solicitar la apertura directamente sin pasar por la negociación previa.

Elección del plan 

Si el deudor solicita la apertura directamente, cuenta con 10 días para decidir entre dos opciones: plan de liquidación o un plan de continuación. 

Los acreedores pueden oponerse al plan elegido, y si un número importante lo hace, se puede modificar el procedimiento. 

Plan de continuación

Esta opción permite que la empresa siga operando sin necesidad de vender sus bienes. Dentro de este plan se puede solicitar:

• Limitar al deudor para administrar y disponer de los bienes.
• Suspender las ejecuciones contra la empresa.
• Iniciar un procedimiento de mediación para facilitar acuerdos. 

Plan de liquidación 

Este plan implica la venta del patrimonio de la empresa para pagar las deudas en la medida de lo posible.

Se puede iniciar por decisión del deudor o de los acreedores, o también:

• Por defecto, si no se toma ninguna decisión dentro del plazo establecido tras la solicitud.
• Si se incumple un plan de continuación.
• Si la deuda pública representa el 85% o más del total de la deuda.
• Si el deudor no está al día en sus obligaciones fiscales o con la Seguridad Social.
• Si no se cumple con la obligación de colaborar o informar al juez y a la administración concursal.
• Si se presenta documentación falsa o hay comportamiento temerario.

En este plan, se establece cómo se liquidarán los bienes, clasificándolos y priorizándolos. Esto requiere valorar la empresa, tarea que puede hacer un experto o el administrador concursal.

La ejecución de la venta no debe durar más de 3 meses, aunque puede ampliarse un mes si es necesario.

Tipos de liquidación

En este procedimiento especial para microempresas existen dos formas de liquidar:

• Liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento: Se basa en un plan de continuación, una mediación concursal de 10 días, o la liquidación con la venta de la empresa mientras sigue operando.
• Liquidación sin transmisión de la empresa en funcionamiento: Requiere que la empresa esté insolvente o en situación de insolvencia inminente para que el deudor lo solicite, o insolvencia actual para que lo soliciten terceros con derecho a hacerlo.

¿Cómo se solicita un concurso de acreedores? 

La solicitud se presenta en el juzgado de lo mercantil en un plazo máximo de dos meses desde que se detecta que la empresa no puede pagar sus deudas. Se debe entregar por escrito y explicar si la insolvencia ya está ocurriendo o si es algo que se prevé que suceda pronto.

En ese punto es necesario contar con abogados concurso de acreedores, ya que cuentan con las herramientas legales para ayudarte y asesorarte de manera experta durante todo el procedimiento.

¿Qué documentos hay que entregar?

• Una declaración indicando que se está autorizado para presentar la solicitud.
• Un resumen económico de la situación del deudor.
• Un inventario con todos los bienes y derechos.
• Una lista de acreedores, ordenada alfabéticamente.

¿Qué pasa si ha habido fraudes en la empresa? 

Existe una medida llamada acción rescisoria, que permite anular las operaciones que hayan perjudicado a la empresa en los dos años anteriores al concurso. Esto se hace para evitar que se vacíe el patrimonio antes de declarar la insolvencia.