La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que sirve para ayudar a aquellos que, por motivos económicos, no pueden hacer frente a las deudas contraídas. Es una ley que se concibe con una intencionalidad ética, otorgando a los afectados la posibilidad de volver a empezar (con un historial saneado).

Si te encuentras en una situación difícil, en la siguiente guía te contamos TODO lo que necesitas saber para acogerte a este recurso. ¡Comenzamos!

Qué es la Ley de Segunda Oportunidad

En nuestro país contamos con un mecanismo para aquellos casos en los que no se pueden asumir las obligaciones: la Ley Concursal o Ley de Segunda Oportunidad.

A pesar de que las personas físicas ya contaban con la posibilidad de iniciar un proceso en la anterior ley concursal, desde 2015 disponen de este mecanismo adaptado a su contexto personal, con el que pueden aspirar a una exoneración total de sus deudas.

¿A quién va dirigida la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a personas físicas, tanto particulares como autónomos.

¿Dónde se solicita la Ley de Segunda Oportunidad?

En el caso de los particulares, el acuerdo extrajudicial de pagos deberá solicitarse ante notario. Si eres autónomo deberás acudir al Registro Mercantil.

¿Puedo continuar ejerciendo mi actividad laboral o profesional?

No hay ningún impedimento para seguir en activo mientras se desarrolla el procedimiento.

¿De qué hay que desprenderse para aspirar a este recurso?

Para poder beneficiarte de este mecanismo hay que ceder la totalidad del patrimonio a favor de los acreedores. Solamente se pueden mantener bienes de primera necesidad y, en el caso de los autónomos, los que sean imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional. También se podrá conservar el cobro de una nómina o pensión.

¿Cuánto puede durar la tramitación?

Desde que se solicita el Acuerdo Extrajudicial de Pagos el tope es de dos meses. En caso de que no haya una resolución favorable se abrirá la fase de concurso de acreedores, donde se reconocerá el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

¿Qué deudas quedan liberadas?

Las deudas ordinarias y subordinadas quedan exoneradas. Sin embargo, las deudas con hacienda o la seguridad social no se condonan.

¿La Ley de Segunda Oportunidad es revocable?

Es revocable durante un periodo de 5 años. Así, los acreedores podrán supervisar que no se producen abusos o fraudes por parte del deudor. Un ejemplo de esto sería la ocultación deliberada de bienes patrimoniales, con la finalidad de seguir recibiendo las garantías de esta exoneración.

Requisitos a cumplir en la Ley de Segunda Oportunidad

Cantidad a devolver

La Ley de Segunda Oportunidad establece que en ningún caso ha de superarse un acumulado de 5 millones de euros. Esta regla puede parecer limitante, pero es bastante improbable que un autónomo o particular alcance una cifra tan elevada.

Patrimonio del deudor

El deudor está obligado a poner todo su patrimonio a disposición de los acreedores, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas. La excepción la encontramos en el colectivo de autónomos, que pueden conservar aquellos bienes que sean 100% imprescindibles para el desempeño de su actividad profesional.

La lógica de este punto es aplastante: el implicado debe probar que ha intentado asumir sus compromisos. Es aquí donde la liquidación del patrimonio cobra todo su valor, ya que cuando no hay suficientes recursos económicos se recurre a la subasta de los bienes adquiridos.

Se podrá mantener la propiedad de bienes legalmente inembargables, desprovistos de valor de mercado. 

El sueldo mensual

No hay ningún problema si el implicado continúa trabajando. El salario mínimo interprofesional no se puede embargar, pudiendo disponer del mismo libremente.

Los planes de pensiones

Este tipo de productos quedan liberados, y no es necesaria su liquidación en el proceso de cancelación de deudas.

La residencia habitual

No hay que liquidar la vivienda siempre y cuando exista una hipoteca que supere el valor de la misma. Es decir, se podrá preservar porque con su venta no se consigue completar la deuda hipotecaria y tampoco se genera un excedente para destinar a los acreedores. Si no se cumple con este condicionante el deudor podrá solicitar un alquiler social.

Buena fe del deudor

  1. Que se haya procurado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores.
  2. Que no exista una clara intencionalidad en la insolvencia, con la finalidad de acogerse a la segunda oportunidad.
  3. No haberse beneficiado de una exoneración en la última década.
  4. Que no se haya rechazado una oferta de trabajo acorde a su capacidad en los últimos cuatro años.
  5. Que no haya sido condenado por alguno de los siguientes delitos en la última década:
    • Delitos contra el patrimonio
    • Delitos contra el orden socioeconómico
    • Falsedad documental
    • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
    • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  6. Que el deudor acepte ser inscrito en un Registro Público Concursal durante 5 años.
  7. Haber satisfecho los créditos contra la masa y los créditos privilegiados

Sobre el último punto, se consideran créditos contra la masa aquellos compromisos de pago que se derivan del procedimiento iniciado, como pueden ser los abogados o notarios implicados.

Por otra parte, los créditos privilegiados son los préstamos hipotecarios y las deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Hay que señalar que, si bien no se exoneran íntegramente estas deudas, desde el año 2019 es posible una quita del 70% sobre las mismas, lo que supone un alivio considerable.

¿Qué se pretende al evaluar buena fe? Evitar que la Ley de Segunda Oportunidad se convierta en un mecanismo de exoneración sin límites definidos.

La buena fe conserva su aplicabilidad después del fallo positivo. Es decir, una vez condonada la deuda se mantiene una ventana de tiempo destinada a posibles revocaciones. Supongamos que el sujeto agraciado comienza a llevar una vida no demasiado ejemplar en lo económico:

  • Incurriendo en un consumo excesivo
  • Cobrando dinero en negro
  • Generando deudas injustificables.

Estos tres casos son indicativos de mala praxis, y justifican la reclamación de responsabilidades.

Fases de la ley de segunda oportunidad

Fase extrajudicial

El primer paso es haber procurado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. La ley impone que, con anterioridad a solicitar la segunda oportunidad, se produzca una negociación activa con los acreedores, a fin de encontrar una solución aceptable para ambas partes, a través de planes de pagos o quitas.

Esto es importante, porque además de proteger el derecho a volver a empezar, esta ley pretende ser una garantía para los demandantes. En definitiva, si se produce un pacto en este primer estadio, se evitará iniciar la fase judicial.

En los casos más graves este punto se revela como un mero trámite que conduce a la siguiente etapa.

Fase judicial

Cuando no hay acuerdo con los acreedores, se abre la fase judicial. Llegados a este punto, el juez tratará de dictaminar una sentencia que resuelva la situación, cancelando de manera total o parcial las deudas contraídas.

  • El deudor debe de mostrar de forma transparente que no puede afrontar sus obligaciones, careciendo de patrimonio o poder adquisitivo.
  • En base a esto, ha de garantizar que actúa de buena fe.

El implicado tendrá que liquidar su patrimonio y destinarlo a pagar el mayor porcentaje de la deuda. Una vez se aplique la segunda oportunidad, se empieza de cero en cuanto a deudas y también en lo referido a posesiones.

No obstante, se podrán conservar elementos como la vivienda, el coche y las herramientas destinadas al desempeño profesional.

Como puedes ver, es un proceso complejo que necesita contar con abogados expertos en la ley de segunda oportunidad, que puedan defender los intereses del afectado con mayor solvencia.

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¿Cómo ayuda la Ley de Segunda Oportunidad a los autónomos?

En un principio existía el llamado “concurso de acreedores”, concebido para las personas jurídicas y con un largo recorrido a sus espaldas. No obstante, este “concurso” tenía ciertas carencias que viene a reparar la Ley de Segunda Oportunidad.

Requisitos para autónomos

  • Demostrar que se actúa de buena fe.
  • Demostrar de forma clara la incapacidad para hacer frente al débito.

En este marco, el autónomo ha de presentar el modelo de solicitud, aludiendo que se encuentra en una situación de extrema gravedad (habiendo liquidado todos sus bienes o patrimonio) y que no tiene más opciones que acudir a este recurso. Hay que subrayar que el autónomo no puede tener patrimonio, ahorros o cualquier otro medio considerado como válido para sufragar lo que debe. 

Ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad para los autónomos

Si analizamos este recurso, en muchos términos, es más beneficioso para los autónomos que para el resto de personas físicas. Esto se debe principalmente a que:

  • Los autónomos cuentan con una serie de obligaciones y pérdidas que dificultan enormemente la posibilidad real de recuperación. 
  • Los empresarios y autónomos responden de forma directa y con sus propios bienes ante las posibles deudas. Es decir, el impacto es mayor y mucho más severo que en el caso de ciudadanos corrientes que trabajan por cuenta ajena. 

Partiendo de esta base, las ventajas que obtienen los autónomos son:

  • Eliminación de la responsabilidad del avalista.
  • Se detienen los embargos y el devengo de intereses.
  • Los bienes correspondientes a la actividad empresarial tienen una cobertura y protección específica, ya que se pretende garantizar la continuidad de la actividad.
  • Cancelación de hasta el 99% de la deuda a través de las llamadas quitas.
  • Facilidad de pago con prórrogas que pueden durar hasta 10 años.

¿Cómo ayuda la Ley de Segunda Oportunidad a los particulares?

  • En primera instancia, es obligatorio rellenar un modelo de solicitud en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos y se aporte la documentación personal.
  • Este modelo se presentará ante notario, y un mediador concursal se encargará de las gestiones pertinentes.
  • Se lleva a cabo el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP), que es un proceso de negociación orientado a reestructurar la cantidad a devolver, facilitando el pago.
  • En el caso de no conseguir un acuerdo en firme, el mediador iniciará la apertura del concurso consecutivo. Paralelamente se registrará el patrimonio del afectado, y se hará una recapitulación de sus obligaciones. A partir de aquí el juez determinará:
  • La liquidación de todo el patrimonio exceptuando los bienes protegidos.
  • La aplicación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), para afrontar las deudas que no han podido ser satisfechas con la liquidación del patrimonio. Este fallo puede ser parcial o total.

¿Qué bienes se pueden mantener?

Se podrá mantener la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sea manifiestamente desproporcionado respecto a su previsible valor venal.

  • El salario. No supone ningún inconveniente que el implicado continúe trabajando. El salario mínimo interprofesional no se puede embargar, pudiendo disponer de él libremente.
  • Los planes de pensiones. Este tipo de productos quedan liberados y no es necesaria su liquidación en el proceso de cancelación de deudas.
  • La vivienda habitual. No hay que liquidar la vivienda siempre y cuando exista una hipoteca que supere el valor de la misma. Es decir, se podrá preservar porque con su venta no se consigue completar la deuda hipotecaria y tampoco se genera un excedente para destinar a los acreedores. Si no se cumple con este condicionante el deudor podrá solicitar un alquiler social.

Requisitos que debe demostrar el particular

  1. Que no se haya mentido sobre la situación económica, ocultando información y datos relevantes.
  2. No disponer de antecedentes penales en los 10 años anteriores, vinculados especialmente a delitos patrimoniales y de falsedad documental. El solicitante debe disponer de un historial que acredite su fiabilidad.
  3. Que se haya intentado llegar a un acuerdo en un marco extrajudicial, a fin de lograr un consenso con las partes implicadas.
  4. No haber obtenido el beneficio de exoneración en la última década. No se admite una segunda oportunidad cuando un caso es demasiado reciente en el tiempo.
  5. No haber rechazado una oferta de empleo acorde con las capacidades del implicado, que habría sido la herramienta para abordar las obligaciones económicas.
  6. Aceptar ser incluido en el Registro Público Concursal, de manera que se pueda conocer cuál es la situación real en todo momento.

Ventajas de La Ley de Segunda Oportunidad para particulares

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que beneficia enormemente a los particulares que se encuentren endeudados. Algunas de sus principales ventajas son:

  • La reestructuración de la deuda. Mediante el acuerdo extrajudicial, pueden fijarse condiciones llevaderas y fáciles de asimilar. Esto aumenta exponencialmente el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
  • Se anulan las ejecuciones y embargos, lo que brinda una mayor tranquilidad a aquellos inquilinos que viven con la incertidumbre de acabar en la calle. Como dijimos, una de las metas de esta ley es evitar situaciones de exclusión social, y esto pasa necesariamente por preservar el derecho a la vivienda.
  • Exoneración total de la deuda (bajo ciertas condiciones). Una vez demostrado que no se puede pagar de ningún modo y que se actúa de buena fe.

Soluciona Mi Deuda es un bufete madrileño experto en el tratamiento de la Ley de la Segunda Oportunidad para particulares. Analizamos cada caso al detalle y lo llevamos a buen puerto. Lo más importante a la hora de elegir un profesional para liquidar las deudas es que te ofrezca diferentes opciones para elegir la que mejor se adapte a ti.

Dependiendo de cuál sea tu situación convendrá que se ponga en marcha la Ley de la Segunda Oportunidad, o será mejor negociar con las entidades. Ponte en contacto de manera gratuíta con nuestros asesores al 910916445 y analizaremos tu caso.